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En Francia, sólo un juez puede ordenar la desconexión a internet

La norma que impulsó el presidente francés Nicolas Sarkozy , que penaliza con la desconexión del servicio de Internet a los usuarios que realicen descargas de archivos con derecho de autor, sufrió un duro golpe por parte de la máxima autoridad constitucional de Francia, que determinó que sólo un juez puede determinar una sanción de ese tipo.

El comunicado emitido por el tribunal constitucional determina que la creación de un ente regulador de los contenidos en Internet como la "Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet" (Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos sobre Internet, HADOPI, según sus siglas en francés) pueden "llevar a restrigir el derecho de expresión y comunicación de las personas".

De la misma forma, indica que estos derechos se encuentran establecidos el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y que Internet, dado su desarrollo, es una herramienta de acceso público importante "para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones".

Tanto desde el gobierno como desde la oposición no estuvieron ajenos a la decisión del Consejo Constitucional. La ministra de Cultura Christine Albanel siguió de cerca el tema y dijo que elaborarán una nueva propuesta de ley donde un juez será la última instancia previa a la hora de imponer sanciones a los internautas que realicen descargas de archivos con derechos de autor. "Sin embargo, es muy importante que el proceso educativo de prevención de la piratería ha sido aprobado por el Consejo", declaró la funcionaria.

Desde la oposición, el Partido Socialista fue muy crítico con la postura del gobierno. "En lugar de inventar nuevas formas de remuneración para los creadores de contenidos adaptadas a la sociedad digital, eligieron una posición arcaica y represiva", detallan en un comunicado de prensa publicado en su sitio web. "La ley debe ser formulada de nuevo, con el doble objetivo garantizar la financiación de la cultura y preservar las libertades de los usuarios de Internet".



Fuente: La Nación
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